Giro histórico en la justicia tucumana contra los evasores de Ingresos Brutos

Tucumán marcó un antes y un después en su política de persecución fiscal al poner en marcha, por primera vez en su historia, el Régimen Penal Tributario para sancionar la evasión del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La medida, que involucra a una contribuyente del sector de frigoríficos, representa el fin de una larga inercia institucional y busca castigar las maniobras engañosas que dañan el patrimonio provincial, garantizando al mismo tiempo un escenario de mayor equidad para quienes cumplen debidamente con sus obligaciones impositivas.

La formulación de cargos, concretada el pasado 10 de junio, recayó sobre una contribuyente dedicada al procesamiento de carne bovina, a quien se le atribuye el delito de evasión tributaria simple. Según informaron las autoridades, este caso constituye un “punto de inflexión para la persecución penal de los ilícitos fiscales en Tucumán”, logrando activar una herramienta legal que la provincia intentó aplicar sin éxito durante años. La acusación fue impulsada por la Fiscalía de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital, contando con el soporte técnico y la denuncia previa de la Dirección General de Rentas (DGR).

La investigación detectó que la imputada no solo omitió ingresar las sumas correspondientes al fisco, sino que además habría recurrido a “maniobras engañosas, consistentes en la omisión deliberada y sistemática de presentar las declaraciones juradas exigidas por la normativa tributaria”, de acuerdo a lo comunicado por la Secretaría de Información Pública de la Provincia. Debido a estas acciones, la justicia encuadró el hecho bajo el artículo 1° del Régimen Penal Tributario, una normativa que prevé penas de prisión para quienes utilicen el ardid o el engaño para evitar el pago de los impuestos establecidos en el Código Tributario Provincial.

Justicia para el contribuyente cumplidor

Desde el ámbito judicial y fiscal aclararon que el objetivo primordial de esta acción no es meramente recaudatorio, sino de carácter ejemplificador. Al respecto, subrayaron que la aplicación efectiva de esta norma penal permite segregar a los infractores del resto de la sociedad, “imponiendo así 'un manto de justicia que favorece a los contribuyentes cumplidores”.

Este avance institucional rompe con un largo periodo en el que el fisco provincial no lograba judicializar penalmente estas conductas en su propia jurisdicción. Por ello, las autoridades consideran que esta causa “se erige como antecedente para futuras causas vinculadas a incumplimientos tributarios sistemáticos en la provincia”.

Tras la audiencia de formulación de cargos, donde el Ministerio Público Fiscal estableció la calificación provisoria del hecho, el proceso penal seguirá su curso ordinario. En las próximas instancias se determinará la responsabilidad definitiva de la acusada, en lo que ya se considera el primer paso firme de la provincia para fortalecer la lucha contra los delitos financieros y asegurar la integridad de los recursos públicos.